En una controvertida decisión, el gobierno bonaerense decidió desafectar unos terrenos en Mar del Plata destinados a la construcción de establecimientos educativos para entregárselos, a través de un Programa instrumentado por Nación llamado “Lote.Ar”, al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fundado por el dirigente Juan Grabois.
Lo hizo a partir de un “Permiso de uso” suscripto el 20 de noviembre de 2021 entre la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE) y la Secretaría de Integración Socio Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social nacional, a cargo del plan “Lotes con Servicios para la Integración Socio Urbana de Barrios Populares”.
En aquel momento, la cartera educativa bonaerense era conducida por María Agustina Vila. En tanto, al frente de la dependencia del gobierno central se encuentra Ramona Fernanda Miño.
El predio en cuestión tiene una superficie de 60.000 mts2, compuesto por 6 manzanas y ubicado en el barrio Fortunato de la Plaza de la ciudad balnearia, delimitado por las calles Fortunato de la Plaza, Camusso, Arana y Goiri y De Los Inmigrantes. En dichos terrenos, según lo estipulado por Nación y Provincia, se planea la generación de 56 lotes para viviendas, espacios verdes, de recreación, “equipamiento comunitario”, y apertura de calles, previsto en 3 etapas y con una financiación de $165 millones.
El expediente 27103781 se formó a partir de un correo interno el 15 de octubre de 2021, dirigido a la DGCyE por parte de la secretaría de Integración Socio Urbana, donde se afirma que “el proyecto contempla la posibilidad de generar 56 lotes y su objetivo primordial es el de promover la recuperación urbana y ambiental”.
“Las partes acuerdan que una vez concluido el proyecto, se procederá a transferir el dominio de los lotes de manera directa y gratuita a familias residentes del Barrio Villa Evita”, establece el convenio.
Hasta acá todo muy bien. ¿Cuál es el problema entonces?
Las irregularidades advertidas por un grupo de vecinos y por diversos integrantes del Consejo Escolar del distrito son varias, a pesar de que, presuntamente, los lotes solo ocuparían 2400 mts2.
La primera y tal vez más importante es que la totalidad del predio en disputa pertenecía a la familia Peralta Ramos, fundadores de Mar del Plata, cuyos miembros hicieron una donación con cargo a la provincia para la construcción de establecimientos educativos, más precisamente “colegios municipales”, según el Acta de Donación labrada en 1894.
Gracias a este gesto, se pudieron construir la escuela primaria N° 50, la secundaria N° 19 y el jardín de infantes N° 922, que aún funcionan en el lugar.
De acuerdo al art. 1562 del Código Civil y Comercial de la Nación, “en las donaciones se pueden imponer cargos a favor del donante o de un tercero, sean ellos relativos al empleo o al destino de la cosa donada, o que consistan en una o más prestaciones. Si el cargo se ha estipulado en favor de un tercero, éste, el donante y sus herederos pueden demandar su ejecución; pero sólo el donante y sus herederos pueden revocar la donación por inejecución del cargo. Si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, en caso de revocarse el contrato tiene derecho a reclamar del donante, o en su caso, de sus herederos, el cumplimiento del cargo, sin perjuicio de sus derechos contra el donatario”.
Dicho en otros términos, la donación con cargo crea una obligación para quien la recibe.
Pero insólitamente, en un dictamen de la Asesoría General de Gobierno, se cita a la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, quien al ser consultada por el asunto, afirmó tajante: “Es opinión de esta Subsecretaría que la parcela propuesta en el proyecto no reviste interés educativo”.
A partir de esta decisión del gobierno de Axel Kicillof, la Federación de Cooperadores Escolares de General Pueyrredon presentó una acción de amparo ante la Defensoría del Pueblo del distrito, solicitando dejar sin efecto la afectación de los terrenos al MTE y se respete su destino original de levantar escuelas.
En la presentación, firmada por Sebastián Campanelli, presidente de la mencionada Federación, se denunció tanto al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Y también se extendió la denuncia al Consejo Escolar de Mar del Plata. ¿Por qué?
Las funciones de los Consejos Escolares, organismos consagrados en la Constitución bonaerense, son variadas, desde el asesoramiento de las cooperadoras escolares y la gestión de provisión de muebles y elementos de equipamiento escolar, hasta la designación del personal auxiliar de las escuelas, pasando también por la gestión de distintos trámites, y la supervisión y mantenimiento de la infraestructura escolar.
También poseen un reglamento interno en el que se establece el orden de las sesiones, el trabajo a realizarse, su organización y funcionamiento. La conducción del Consejo debe “construir colectivamente junto con las comunidades educativas (Docentes, Auxiliares, Padres y Alumnos), dejando de lado el partidismo político”.
Y aquí es donde falló el de General Pueyrredon, al menos allí donde debió defender la generación de nuevos y necesarios espacios educativos.
Los Consejeros Escolares duran 4 años en sus funciones, renovándose por mitades cada 2 años. La cantidad de sus integrantes varía de acuerdo a la cantidad de escuelas existentes en cada distrito. En Mar del Plata son 10.
Después de las elecciones legislativas de fines del año pasado, hubo renovación de consejeros en el distrito. En la presidencia del cuerpo asumió Natalia Russo, que lo integra desde 2019, del espacio local Crear, aliado a Juntos por el Cambio. Pero algo pasó.
Apenas asumida, Russo fue acusada por su propio partido de “haber traicionado los valores del espacio por el que fue electa hace dos años”. A través de un duro comunicado firmado por Juntos, se afirmó que “sus ambiciones personales no solo traicionaron a los voluntarios, militantes y votantes, sino también a los alumnos, padres y docentesque durante esta pandemia padecieron el cierre compulsivo de escuelas generador del mayor holocausto educativo en la historia de nuestra ciudad, de la cual el kirchnerismo junto a Baradel y compañía son materialmente responsables”.
En el caso del tratamiento del sensible tema de la cesión de tierras al MTE, los colegas de Russo la acusan de haber actuado a espaldas del cuerpo. Es decir, con una absoluta falta de respeto a los procesos administrativos.
“Las decisiones de las cuestiones que atienen a las escuelas se deciden en las sesiones ordinarias. Es como si fuera un pequeño Concejo Deliberante”, sostienen desde dentro del organismo. “Cuando lo llevó a una sesión, ya estaba todo firmado”, agregan.
En efecto, tanto en enero como en febrero, la presidente del Consejo recibió 2 correos electrónicos provenientes de la gobernación de la provincia, llamados “GEDEBAs”, dirigidos ambos al Cuerpo de Consejeros Escolares. “Fue ahí cuando ella debió llamar a una sesión especial debido a la importancia del tema”, cuentan las fuentes.
El primer mail fue recibido el 10 de enero de 2022, y el segundo el 14 de febrero. En este último, se afirma: “Se propicia la aprobación del convenio de permiso de uso de un inmueble, suscripto con la Secretaría de Integración Socio Urbana, con destino a la ejecución de un proyecto de urbanización, consistente en la generación de 56 lotes aptos para la construcción de viviendas”.
El texto fue firmado por Sandra Almirón y Santiago Restivo, subdirectora y director, respectivamente, de la Dirección de Propiedades perteneciente a la DGCyE.
En los objetivos del plan presentado por el Ministerio de Desarrollo Social, se explicita que “se solicitó al Consejo Escolar de General Pueyrredon se labre Acta de Entrega de Inmueble”. Pero ello no fue así, ya que lo que objetan los mismos consejeros es que nunca se informó al cuerpo acerca de la decisión, sino que todo fue “tramitado” de manera unipersonal por su titular, Natalia Russo.
Recién el 26 de abril, es decir, dos meses después del mail citado, se llevó a cabo la sesión ordinaria 1397 del Consejo, donde Russo, según la transcripción de la misma, comunica que “se firmó de manera informal la cesión de tierras linderas a la escuela secundaria 19 al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”. Y agrega que “se firmó la semana pasada el acta con la subsecretaría de desarrollo social”.
La respuesta no tardó en llegar. La consejera Carina Cermesoni mencionó que tenía entendido “que esas tierras fueron donadas por la familia Peralta Ramos y que era con cargo”, a la vez que deseaba “saber si estaba contemplado y se tenía conocimiento de esto, porque al ser así y siendo orientada a lo educativo, eso debe respetarse y que incluso la familia puede revocar si no se respetan el cargo hecho”.
Y fue allí cuando ocurrió algo insólito. Ante la sorpresa de sus pares, Natalia Russo admitió que “la situación que vivió con la cooperativa del MTE fue violenta y que en un momento quedó contra la pared con cinco personas que le gritaban de mala manera”, por lo que firmó el papel en cuestión.
“Yo sé que la dejaron sola a Natalia con el MTE dos días antes de firmar. Yo entraba al Consejo y la vi rodeada de un grupo extraño. Ahí ella me dijo que la estaban obligando a firmar algo de unas tierras que tenía que ceder. No quiso decir nada más”, confiesa la fuente.
Según dejaron trascender desde adentro del cuerpo, las viviendas no serían para los habitantes de Villa Evita, lindera con el predio, sino para “integrantes del MTE que traen de otros barrios. Por este motivo no han empezado a construir aún. Primero, porque no tienen servicios. Y segundo, son los mismos habitantes de Villa Evita quienes no quieren que ellos vayan”.
Pero las tareas de cercado del predio comenzaron el pasado 25 de abril, es decir, un día antes que la presidente del Consejo comunicara la novedad a sus pares. Aún así, el gobierno local de Guillermo Montenegro aún no formó expediente, por lo que aún los servicios básicos no fueron habilitados.
El asunto adquiere mayor gravedad cuando se toma en cuenta el contexto educativo.
En el predio en cuestión se tenía previsto, tal cual el deseo de los donantes, la construcción de un edificio para la prestigiosa Técnica 5 de Mar del Plata, que actualmente ocupa un inmueble alquilado en forma irregular ya que tiene el contrato vencido desde 2019, y otro para la Escuela Especial 515 para sordos e hipoacúsicos.
Pero hay algo más grave. La sede de esta importantísima institución, funciona en el fondo de una casa, y con escaso espacio para los 120 alumnos que allí concurren. Por ello desde diversos sectores vienen pidiendo hace años un nuevo edificio para la escuela.
También se está pidiendo una sala de salud, habida cuenta del déficit que sufre el distrito en esta materia, al no contar la ciudad con un hospital propio.
A esto se le suma que los establecimientos que actualmente funcionan en el lugar, la escuela primaria 50, la secundaria 19 y el jardín 922, “resultan insuficientes por tener su cupo completo. A ello hay que agregar la ausencia de mantenimiento y las deficiencias estructurales por el trascurso del tiempo. Los vecinos pidieron sucesivamente a los gobiernos la construcción de nuevos establecimientos en el predio restante, pero no han obtenido respuesta”, afirman desde la Federación de Cooperadoras.
Desde la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, recomiendan que la superficie a afectar “no linde con los establecimientos educativos existentes”. Los vecinos del lugar cuestionan esta recomendación ya que, si bien los lotes ocuparían solo 2400 mts 2, “este proyecto no solo linda con las escuelas, sino que para la apertura de calles que proyectan, tendrían que derribar parte de la construcción escolar”.
Lo que se cuestiona es, en el fondo, que el plan ni siquiera mencione la posibilidad de levantar edificios escolares, ante la precaria infraestructura que sufre el sector, y acorde al deseo de la familia Peralta Ramos.
“Es opinión de esta Subsecretaría que la parcela propuesta en el proyecto no reviste interés educativo”, se repite varias veces en el expediente, como argumento principal.
“Que hagan viviendas, por supuesto, pero que también hagan escuelas. Y que informen las cosas como se debe y no a espaldas y sufriendo un apriete”, razonan desde el Consejo.
